¡UN, DOS, TRES POR MI… Y POR TODAS!

Programa de apoyo preventivo para mujeres

La violencia contra las mujeres es un importante obstáculo para el desarrollo en los países de América Latina y el Caribe. Se trata de una violación fundamental a los derechos humanos que repercute en la salud, las oportunidades económicas, los derechos, y el bienestar de entre el 30% al 50% de las mujeres en la región.

Las consecuencias de la violencia contra las mujeres van mucho más allá de las víctimas mismas, ya que la violencia amenaza la estabilidad, la seguridad y el bienestar social de las familias, así como su situación en la comunidad (García-Moreno, 2000). Por ello, desde hace más de dos décadas, la violencia contra las mujeres constituye uno de los temas más relevantes de la agenda internacional y regional de derechos humanos.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más fuertemente extendida a nivel mundial (Naciones Unidas, 2006).

Entendemos la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en a vida pública como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993)

Este tipo de violencia no es simplemente una expresión más de la falta de control de las emociones; es una acción arraigada en creencias y prejuicios sobre lo que es, en una sociedad, el ser mujer y hombre. La violencia contra las mujeres no se limita a un grupo social en específico; no importa la edad, la educación ni el lugar de residencia. Es una forma de discriminación que se basa en un sistema de dominación masculina estructurado en relaciones desiguales de poder; relaciones que están enraizadas en las normas sociales, culturales, en las estructuras políticas y jurídicas, en las economías locales y globales que requiere de la violencia como mecanismo de control sobre la mujer.

En Jalisco, como en otras partes de México, la cultura machista—es decir, la valoración del hombre como ser superior a la mujer—ha marcado dichas relaciones tanto en los hogares como en otros espacios de convivencia social.

La violencia contra las mujeres puede ser física, sexual, emocional y económica. En cualquier caso, tiene consecuencias graves no sólo para las mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto. Como problema público, la desigualdad y la violencia de género dificultan los esfuerzos de los países por reducir la pobreza; aumentan el costo de prevención de su bienestar; disminuyen su productividad y agotan los presupuestos públicos.

La violencia sexual limita las oportunidades y los logros educativos de las menores. Pero lo que es peor aún, la violencia daña la salud mental, reproductiva y física tanto de las mujeres como de sus hijos; al mismo tiempo que facilita pandemias como la del VIH/SIDA. Los costos y las consecuencias de la violencia contra las mujeres pasan de una generación a otra. En todos los sentidos, la violencia hace de la vida de las mujeres y niñas algo peligroso e indeseable.

Es por eso que desde el siglo pasado, tanto México como otros países, han unido esfuerzos para acabar con la discriminación basada en el género y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. Desde su participación en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1979, y del reconocimiento de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, el Gobierno Federal a través de los Planes Nacionales de Desarrollo ha planteado la igualdad de género y la no discriminación como uno de sus pilares en materia de política pública. En respuesta a este interés nacional, los gobiernos locales y municipales han promovido la implementación de políticas y programas estatales y municipales dirigidos al logro de los objetivos planteados en la Convención de la CEDAW.

El programa ¡Un, dos, tres por mi… y por todas! es una respuesta local a una necesidad nacional. Rescata la propuesta del Laboratorio de Estudios Económicos y Sociales, para promover la no discriminación, la igualdad de género y, sobre todo, para desarrollar en las mujeres habilidades sociales que les permitan responder de manera asertiva ante situaciones de violencia.